La interpretación razonable de la norma es un eximente de responsabilidad, que en caso de apreciarse impide sancionar al contribuyente. En este contexto, un reciente Auto del Tribunal Supremo ha acordado decidir si esta interpretación reazonable de la norma debe apreciarse en el caso de que existan discrepancias entre los Tribunales económico-administrativo dando uno la razón al contribuyente, y otro no.

Esta interpretación razonable también se plantea en otros supuestos, como en el caso de que exista algún Tribunal Superior de Justicia que avale la interpretación del contribuyente. O también cuando se trata de una cuestión que va a ser decidida por el Tribunal Supremo, señal evidente de que se trata de una materia discutida y discutible.

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Hola a todos. Hoy quería hablar de un reciente auto del Tribunal Supremo que se refiere a la interpretación razonable de la norma como eximente de responsabilidad, es decir, como una forma de liberarse de la imposición de una sanción tributaria.

Como sabéis, es Hacienda la que tiene que demostrar, antes de sancionar, que no ha existido por parte del contribuyente una interpretación razonable de la norma. Es verdad que esto suele hacerlo de forma muy genérica, diciendo simplemente que esa interpretación no existe, pero sin fundamentarlo. Este es también un motivo para anular muchas sanciones tributarias.

Sin embargo, el Tribunal Supremo se refiere a un caso peculiar, y es el de que existan resoluciones de Tribunales Económico-Administrativos contradictorias en relación con los motivos que fundamentan la imposición de la sanción. Es decir, se trata de un contribuyente al que primero el TEAR le dio la razón, anulando la liquidación dictada y el acuerdo sancionador, y, sin embargo, luego el Tribunal Económico-Administrativo Central opinó lo contrario.

Entonces, este contribuyente considera que el hecho de que exista una discrepancia entre los propios Tribunales Económico-Administrativos que han revisado el caso justifica ya que el contribuyente tuviera una interpretación razonable de la norma, porque si los propios Tribunales Económico-Administrativos no se ponen de acuerdo, es evidente que hay motivos de discrepancia.

Se trata de un argumento evidente que yo, por ejemplo, en muchos recursos contra sanciones he argumentado: no solo que dentro del propio expediente haya resoluciones contradictorias de Tribunales Económico-Administrativos, sino que a veces la interpretación del contribuyente se encuentra sustentada por criterios de Tribunales Superiores de Justicia; y, por tanto, es evidente que, si un Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a otro contribuyente en un caso parecido, parece palmario que, al menos, la interpretación que sigue el contribuyente no es tan descabellada.

Y lo mismo ocurre, por ejemplo, si el motivo por el que el contribuyente fue regularizado y, a la postre, sancionado, es una cuestión que está en este momento pendiente de recurso de casación; es decir, que se ha admitido una casación por ese tema, prueba clara y evidente de que existe discrepancia jurídica hasta el punto de que ha llegado al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ha acordado decidir e interpretar esa cuestión.

En definitiva, se trata de un argumento frente a las sanciones tributarias que no debe limitarse solo a argumentar que el contribuyente ha interpretado las normas correctamente, sino que, en la medida en que existan pronunciamientos de algún Tribunal Superior de Justicia, e incluso, por supuesto, algún auto del Supremo admitiendo a casación esta cuestión, son, en mi opinión, argumentos sobrados para que se aprecie el eximente de interpretación razonable de la norma y, por tanto, no se sancione al contribuyente.

Por ello, a la hora de recurrir una sanción tributaria hay que analizar cuál es el criterio de los Tribunales sobre la cuestión que ha fundamentado la regularización. Ello para, si es el caso, poder alegar la eximente de responsabilidad como un motivo de peso para anular la sanción tributaria. Si es tu caso, no dudes en consultarme.

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