La caducidad del procedimiento por duración excesiva del procedimiento supone la anulación de la liquidación dictada, y que nada de lo actuado haya interrumpido la prescripción. Pero, ¿supone además la nulidad de pleno derecho, y permite dejar sin efecto una liquidación firme?
Esta cuestión va a ser decidida en fechas próximas por el Tribunal Supremo habiéndose admitido a trámite un recurso de casación por este motivo. Ello, teniendo en cuenta que existen discrepancias entre Tribunales, y que algunos de ellos ya han declarado que la caducidad del procedimiento es causa de nulidad de pleno derecho de la liquidación dictada en ese procedimiento caducado.
En conccreto, en estos casos podría alegarse la causa de nulidad del artículo 217.1.e, de la Ley General Tributaria (omisión total y absoluta del procedimiento). Por ello estamos ante un Auto importante, ya que puede abrir la puerta a revisar expedientes ya finalizados, y a declarar nulas liquidaciones firmes por este motivo.
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Transcripción del vídeo
Hola a todos. La Administración tributaria, los órganos de gestión, disponen de un plazo de 6 meses para dictar liquidación cuando hayan iniciado un procedimiento de comprobación tributaria de gestión. Pues bien, la consecuencia de superar este plazo de duración máxima de los procedimientos es la caducidad, y ello tiene dos consecuencias. La primera de ellas es la anulación de la liquidación dictada, y la segunda es que nada de lo actuado ha interrumpido la prescripción.
Pues bien, esta caducidad es frecuentemente alegada por los contribuyentes, pero el obstáculo que siempre tenemos es que es algo que hay que alegar en el recurso interpuesto contra la liquidación. Es decir, hay que alegarlo dentro del plazo de recurso. Puede ocurrir, sin embargo, que al revisar un expediente, una liquidación dictada hace dos o tres años que no se recurrió, descubramos que en ese expediente se superó la duración máxima, se pasó de los 6 meses. En teoría, la liquidación que se dictó se dictó cuando el procedimiento ya había caducado, pero, al no haberse recurrido, estamos ante una liquidación firme.
Pues bien, para estos casos, el Tribunal Supremo acaba de admitir a trámite un recurso de casación muy interesante, que va a decidir si la caducidad del procedimiento de gestión es causa de nulidad de pleno derecho y, por tanto, si es así, se podría iniciar un procedimiento de nulidad, incluso aunque la liquidación fuera firme, para alegar esta caducidad y provocar la nulidad de pleno derecho de la liquidación dictada.
El fundamento de este argumento es la causa de nulidad del artículo 217.1.e de la Ley General Tributaria: omisión total y absoluta del procedimiento. ¿Y por qué se considera que se produce esa omisión total y absoluta del procedimiento? Pues porque se entiende que, en estos casos, una vez se produce la caducidad, el procedimiento realmente ya ha concluido, y por tanto cualquier resolución posterior que no declare esa caducidad, sino que continúe el procedimiento (por ejemplo, notificando el trámite de alegaciones o dictando liquidación como si no hubiera pasado nada), esa liquidación será nula, porque realmente ya no existe procedimiento: el procedimiento ha acabado, y por tanto será una liquidación dictada fuera de todo procedimiento, con omisión total de las normas del procedimiento, porque se ha dictado en un procedimiento ya concluido por caducidad. De hecho, uno de los motivos por los que se admite el recurso de casación es que ya existen sentencias de otros tribunales, como una del TSJ de Valencia del año 2019, que amparan esta interpretación y declararon en su día la nulidad de una liquidación por haberse dictado en un procedimiento que ya había caducado.
Pues bien, estamos ante un Auto interesante al que hay que seguirle la pista, porque va a ampliar la posibilidad de los contribuyentes de anular liquidaciones, aunque estas sean firmes. De hecho, en un caso en que un contribuyente no hubiera recurrido una liquidación, si posteriormente, en el expediente, se descubre que se superó la duración máxima pasados los 6 meses y, a pesar de eso, se dictó liquidación como si no hubiera pasado nada, con una sentencia favorable el Supremo podría abrir la puerta a solicitar la nulidad de pleno derecho en estos casos, y anular esa liquidación que nunca se debió dictar.
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