Cuando llega una liquidación o sanción tributaria, surge la duda de si además de recurrir hay que hacer algo con la deuda tributaria. Y es que la amenaza de recibir apremios y embargos caso de no hacer nada, siempre está sobre la mesa.
En efecto, es necesario ocuparse de la deuda tributaria. Y en este vídeo explico cómo actuar para que el contribuyente pueda seguir hacienda vida normal, libre de embargos, mientras se resuelve su recurso.
De hecho, el contribuyente podrá pagar la deuda tributaria, solicitar su fraccionamiento o la suspensión, siendo en este caso normalmente necesario aportar una garantía. Esta suspensión será automática si lo recurrido es una sanción tributaria. Todo esto se explica en este vídeo.
Sin embargo, nada tiene que ver lo anterior con el resultado del litigio, que dependerá de las alegaciones que se hayan presentado. Pero sí servirá para evitar disgustos innecesarios. Por ello, ante cualquier duda no dudes en consultarnos para estudiar tu caso.
Transcripción del vídeo
Hola a todos. A la hora de recurrir frente a Hacienda, y sobre todo a la hora de decidir qué hacer con la deuda mientras se recurre, hay dos creencias, dos leyendas urbanas que hay que desterrar cuanto antes. La primera de ellas es que, cuando se recurre, no hay que hacer nada con la deuda, porque el recurso suspende automáticamente la ejecutividad de la deuda y Hacienda no va a poder exigirla. Pues bien, esto es falso. En segundo lugar, hay otra creencia que es justo lo contrario: que para recurrir hay que haber pagado necesariamente la deuda, y que si no se paga la deuda no se puede recurrir.
Pues bien, la realidad es que el recurso, salvo que se trate de un recurso frente a una sanción en vía administrativa o en vía económico-administrativa, no suspende automáticamente la deuda. Por tanto, hay que ocuparse del plazo de recurso. Esto es fundamental: presentar el recurso dentro del plazo de un mes, un recurso de reposición o una reclamación económico-administrativa. Y luego también hay que ocuparse de la deuda con alguna de estas tres opciones: pagando, solicitando un fraccionamiento o solicitando una suspensión.
Si no se hace esto, la deuda entrará en apremio, y eso supondrá que, mientras dure el recurso, el contribuyente reciba la providencia de apremio y pueda recibir después actuaciones de embargo. Esto no condicionará el resultado del recurso; es decir, al juez o tribunal ante el que se haya presentado nuestro recurso le va a dar igual lo que haya pasado con la deuda (si el contribuyente la ha pagado, no la ha pagado, o está en vía de embargo): él, al final, va a decidir según nuestras alegaciones. Por tanto, a efectos del resultado del litigio dará igual, pero el contribuyente sí que tendrá muchas molestias e inconvenientes por parte de recaudación si no hace nada con la deuda y simplemente se dedica a recurrir.
Entre las tres opciones, en mi opinión, si se puede, es mejor pagar la deuda o solicitar un fraccionamiento, más que nada porque en ese caso la deuda ya estará pagada, y si finalmente el recurso fuera desestimado, el contribuyente al menos tendrá la tranquilidad de que ya no se le puede exigir más. La suspensión también es una buena solución cuando realmente no hay liquidez y no se puede pagar la deuda de forma inmediata, pero normalmente exigirá una garantía. Es bastante complicado que la Administración reconozca la suspensión sin garantías, y, a la vuelta de la esquina, si el recurso se perdiera, se exigirá la totalidad de la deuda con intereses de demora, y además, en ese momento, no se podrá solicitar un fraccionamiento de la deuda: habrá que pagarla toda de golpe. Por tanto, este es un inconveniente de las suspensiones, que a veces se venden como una solución de “te olvidas de la deuda y ya está”. Es verdad que, si todo sale bien y el recurso se estima, fenomenal; pero, si no es así, a la vuelta de la esquina habrá, como decía, que pagar la deuda con intereses y sin posibilidad de pedir un fraccionamiento.
En cuanto a las sanciones, es cierto que estas pueden suspenderse en vía administrativa y en vía económico-administrativa sin garantía, es decir, simplemente interponiendo un recurso; no hace falta decir nada en el propio recurso. Es una suspensión que está prevista en la ley: se suspenderá la ejecutividad de las sanciones, además sin intereses de demora. No obstante, cuando se pasa a la vía contencioso-administrativa, esa suspensión automática desaparece, y hay que pedirle al Tribunal Superior de Justicia de turno la suspensión de la sanción, argumentando la necesidad de esa suspensión y los perjuicios que podría crear que no se conceda, sometiéndose al criterio del TSJ, que en muchos casos está ordenando la suspensión de las sanciones, pero exigiendo garantía. Es decir, en vía contencioso-administrativa desaparece esa suspensión automática y sin garantías de la que goza el contribuyente en vía administrativa y económico-administrativa.
En definitiva, ocuparse de la deuda no es algo fundamental para el resultado del litigio. Como he dicho antes, el recurso se estimará o desestimará en función de los argumentos aportados. Pero sí que va a ser necesario para que, mientras dura el recurso (y hay que tener en cuenta que estos recursos pueden durar muchos años, sobre todo si llegan a la vía contenciosa), la empresa o el contribuyente pueda seguir funcionando y verse libre de embargos y de apremios. Por eso será importante tener la deuda controlada, evitando que se encarezca con apremios que se podrían haber evitado pagando, pidiendo un fraccionamiento o aportando una garantía para suspender la deuda. De esta forma, la deuda queda más controlada y se evitan disgustos innecesarios.
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